Avanza demanda en California por negar empleos a estudiantes universitarios por su estatus migratorio

El caso, Umaña Muñoz, et al. contra Regents University of California, fue presentado en 2024 por un exalumno y un profesor de la Universidad de California.

Los abogados de los demandantes argumentan que los Regents no tienen prohibido contratar a estudiantes indocumentados porque la ley federal que prohíbe la contratación de personas indocumentadas, la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 (IRCA), no aplica a los empleadores del gobierno estatal.

Además, la demanda impugna la política por considerarla una violación de la prohibición de la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California (FEHA) sobre la discriminación por estatus migratorio.

El estudiante y el profesor están representados por abogados del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la Red Nacional de Jornaleros y el bufete Altshuler Berzon LLP.

La demanda llega en un momento crucial para el estado, porque hay aproximadamente 54,509 estudiantes universitarios indocumentados en California que no son elegibles para DACA, y 14,000 estudiantes indocumentados se gradúan de las escuelas secundarias de California cada año.

La demanda sólo se aplica a la UC, no a los demás colegios y universidades públicas de California. 

Incluye a empleos de estudio y trabajo como pasantías remuneradas y puestos de liderazgo estudiantil en organizaciones del campus; trabajo para los estudiantes de posgrado como investigadores y asistentes de enseñanza, prácticas requeridas y otras oportunidades educativas y profesionales necesarias para el pleno a las oportunidades educativas.

Sin la posibilidad de trabajar en la universidades de UC ni de buscar puestos remunerados en la educación superior, como puestos de asistente de docencia e investigación, muchos estudiantes indocumentados se ven obligados a trabajar en la economía informal, donde son víctimas de abusos por parte de empleadores sin escrúpulos.

Otros abandonan sus estudios porque no pueden pagar la matrícula ni cubrir necesidades básicas como la alimentación y la vivienda.

La Dra. Iliana Pérez, una demandante, dijo en una declaración publicada por UCLA Law: “California ha tomado medidas importantes para aumentar el a la educación superior para los estudiantes indocumentados. Pero el por sí solo no es suficiente. Este caso trata sobre cerrar la brecha de oportunidades que impide que los estudiantes indocumentados se beneficien plenamente de su educación. Los estudiantes indocumentados crecieron en Estados Unidos, asistieron a escuelas públicas y cursan estudios superiores con el sueño de contribuir al único país que han conocido. Negarles la posibilidad de trabajar, ya sea a través de puestos de investigación, prácticas o empleos en el campus, les impide el futuro y disminuye la inversión del estado en su educación”.

“Este caso no se trata solo de política laboral, sino de equidad, dignidad y el futuro de la educación superior en California. Una victoria en este caso afirmaría que todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a participar plenamente en la vida académica y profesional. Nos acercaría a una California que realmente respete sus valores de inclusión y oportunidad”, aseguró Pérez.

“El empleo en el campus es fundamental para que estudiantes de primera generación y de bajos recursos como nosotros podamos hacer realidad nuestro sueño de una educación superior. Además, el empleo en el campus es una vía principal a través de la cual los estudiantes de California aplican sus habilidades y contribuyen al progreso de nuestro estado. La interpretación errónea por parte de la UC de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) de 1986 está privando a la Universidad y a California de las contribuciones cruciales, la innovación y la erudición que podemos ofrecer”, declaró el Undocumented Student-Led Network:

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