Regla de salud mental y seguros en EE.UU.: qué debemos saber
El gobierno de Trump detiene aplicación de norma que garantiza paridad en salud mental y estudia eliminarla, en respuesta a demanda de grandes empleadores
Menos de la mitad de los adultos con enfermedades mentales en Estados Unidos lograron recibir atención profesional. Crédito: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
El gobierno del presidente Donald Trump ha decidido pausar la aplicación de una regulación federal que buscaba garantizar el equitativo a servicios de salud mental para los ciudadanos con seguros médicos privados.
Esta determinación se da mientras la istración evalúa la posibilidad de eliminar por completo dicha norma, según se informó en una reciente presentación judicial realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El caso se relaciona con una demanda interpuesta en enero por el Comité de Industria de ERISA, una organización que agrupa a grandes empleadores, quienes expresaron su oposición a la regla conocida como de “paridad en salud mental”.
Esta disposición obliga a las aseguradoras y planes de salud corporativos a ofrecer cobertura para tratamientos de salud mental y por abuso de sustancias bajo las mismas condiciones que para la atención médica tradicional. Los empleadores argumentan que dicha normativa eleva los costos y restringe su capacidad de brindar beneficios asequibles a sus empleados.
El Departamento de Justicia solicitó al juez federal Timothy Kelly suspender temporalmente el proceso judicial mientras tres agencias clave del gobierno —el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento del Tesoro y el Departamento de Trabajo— analizan la normativa.
Comparación entre servicios de salud mental servicios físicos
En el documento legal, se indicó que el Comité de Industria de ERISA está de acuerdo con la suspensión del caso, aunque conserva el derecho de reactivarlo en cualquier momento. De forma paralela, la istración Trump ya habría entregado a los demandantes una declaración de intenciones en la que adelanta su decisión de no hacer cumplir la norma y abre la puerta a modificarla o eliminarla por completo.
La regla en disputa se apoya en la Ley de Paridad en Salud Mental y Equidad en Adicciones, aprobada en 2008, la cual exige que los planes de salud proporcionen igualdad en cobertura, pagos y para los servicios de salud mental en comparación con los servicios físicos.
Esta ley abarca a más de 175 millones de personas que están cubiertas por seguros de salud vinculados al empleo. Sin embargo, su implementación ha sido históricamente desigual.
De acuerdo con cifras de 2020 difundidas por la istración del expresidente Joe Biden, menos de la mitad de los adultos con enfermedades mentales en Estados Unidos lograron recibir atención profesional, lo que revela las dificultades estructurales en el a este tipo de servicios.
La entrada en vigor de la nueva regulación federal en septiembre pretendía cerrar esas brechas, reforzando el cumplimiento efectivo de la ley de paridad. Pero desde su inicio enfrentó resistencia por parte de grandes empresas, muchas de las cuales temen que el cumplimiento obligatorio derive en un aumento de los costos operativos o, en casos extremos, en la eliminación total de la cobertura para enfermedades mentales y trastornos por consumo de sustancias.
El Comité de Industria de ERISA, cuyos generalmente superan los 10.000 empleados por compañía, presentó la demanda pocos días antes de que Trump asumiera su segundo mandato presidencial en enero. Desde entonces, las agencias gubernamentales han optado por no hacer declaraciones públicas sobre el litigio en curso.
Esta decisión del gobierno genera inquietud entre defensores de los derechos en salud mental, quienes temen que se produzca un retroceso significativo en la lucha por la igualdad de a tratamientos psicológicos y psiquiátricos.
Para ellos, desactivar la norma sería permitir que los seguros médicos sigan discriminando en la práctica entre enfermedades físicas y mentales, a pesar de las leyes vigentes. Por ahora, mientras las agencias federales reconsideran el futuro de esta normativa, millones de estadounidenses permanecen a la espera de decisiones que podrían impactar de manera directa en su a una atención de salud integral y justa.
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