Las decisiones de un juez no son motivo para removerlo: el Centro Brennan explica por qué

Un experto legal del Brennan Center for Justice, Douglas Keith, explica por qué el juez presidente de la Corte Suprema, John Roberts, respondió rechazando el pedido de Donald Trump de hacer un juicio político a un juez porque el juez no estuvo de acuerdo con el presidente en cuanto a un asunto bajo su consideración en un proceso legal.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió el martes una inusual declaración pública en respuesta a la solicitud del presidente Trump de iniciar un juicio político contra un juez federal que falló en contra de su istración en un caso de deportación de alto perfil.

“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”, declaró Roberts.

Y es que, como se explica por el Centro Brennan, el proceso de destitución de jueces no debe usarse para castigar a jueces por sus dictámenes, porque cuando un juez o una jueza emite un dictamen con el que el presidente o el Congreso no están de acuerdo, eso no es un delito mayor ni menor.

Ha existido la clara norma, desde 1804 cuando se intentó remover al magistrado Samuel Chase, de que las decisiones judiciales no deben ser motivo para remover a un juez.

Y este principio, como explicó en su momento quien fuera presidente de la Corte Suprema durante 19 años, el magistrado William Rehnquist, es “inmensamente importante para garantizar la clase de independencia judicial que prevé” la Constitución”, recordó Alicia Bannon, directora del Programa Judicial del Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en una publicación en X, antes Twitter.

Los ataques del presidente Donald Trump contra los jueces que considera desfavorables están respaldados por legisladores republicanos quienes han buscado destituir al juez James Boasberg, quien bloqueó temporalmente las deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, como el proceso a 238 inmigrantes de Venezuela a El Salvador, y a varios otros jueces que han bloqueado las políticas de la istración Trump.

El explicativo en español sobre el proceso de destitución de jueces del Centro Brennan, parte de la independencia y el balance que debe existir entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en una democracia para aclarar cuándo es que procede destituir a jueces y cómo está regulado que debe hacerse y destaca que:

• Solo el Congreso tiene la facultad de enjuiciar, destituir y remover de sus cargos a jueces federales.
• A veces se amenaza con la posibilidad de destitución por razones partidistas, pero, en realidad, el proceso de destitución y remoción de jueces es muy poco frecuente y, en general, se limita a casos graves de conductas no éticas o comportamientos ilícitos.

Si las legislaturas destituyeran a jueces por razones exclusivamente políticas, estarían desechando la noción, vigente desde hace siglos, de que, si la facultad de destitución se usa para castigar a un juez por sus dictámenes, se socava la independencia vital del poder judicial.

El explicativo hace historia para exponer cuáles son los fundamentos que regulan la destitución de jueces y cómo el caso de la tentativa de remoción del entonces magistrado de la Corte Suprema Samuel Chase en 1804 pedida por el entonces presidente demócrata Thomas Jefferson fue, en particular, “inmensamente importante para garantizar la clase de independencia judicial que prevé” la Constitución y contribuyó a reforzar la independencia del poder judicial en Estados Unidos.

La Cámara de Representantes destituyó a Chase en 1804, pero, al año siguiente, el Senado no lo condenó, a pesar de que el partido de Jefferson tenía la supermayoría. El fracaso de este proceso de destitución ayudó a delinear los límites del uso adecuado de la facultad de destitución, entre ellos, el hecho de que las decisiones judiciales no deben ser motivo para la remoción de jueces de sus cargos.

El Brennan Center señala que: “Esta norma ayuda al sistema de gobierno de los Estados Unidos en el que los tres poderes están cuidadosamente equilibrados y que requiere que los jueces permanezcan aislados de las presiones políticas cuando deciden sus casos. La seguridad del puesto es un aspecto importante que ayuda a mantener esa independencia judicial; de este modo, los jueces pueden decidir sus casos sobre la base de su interpretación de lo que exige la ley sin preocuparse de que puedan ser relevados de sus cargos si un actor político poderoso no está de acuerdo con sus decisiones”.

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